La Corte Constitucional de Colombia ordenó proteger el mural “Las cuchas tienen razón”, ubicado en el sector del Parque de las Aguas en Manizales, Caldas, una expresión artística y social nacida al calor de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, que nació en la comuna 13, más exactamente en la Escombrera Municipal de Medellín, Antioquia, pero que todo el país ha vidido bajo los llamados “falsos positivos”.

CEJUS, a través de su Director para Colombia, integró el equipo jurídico que participó junto a MOVICE -Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, NUGEPAZ, CPDH y la Corporación Reiniciar, para obtener este importante pronunciamiento constitucional.

 

La memoria no siempre se encuentra en los expedientes típicos. A veces aparece en una pared, en una frase, en un rostro pintado, en una consigna que incomoda porque dice aquello que durante años se intentó negar. Eso ocurrió con el mural “Las cuchas tienen razón”, una intervención artística que se transformó en símbolo de las mujeres buscadoras de sus familiares desaparecidos en Colombia y especialmente, de aquellas madres que durante más de dos décadas insistieron en que en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, podían encontrarse los cuerpos de sus familiares desaparecidos tras la nefasta “Operación Orión” en el año 2002.

En Colombia, la palabra “cuchas” nombra popularmente a las madres, a las mujeres mayores, a las que cuidan, sostienen, advierten y recuerdan. En este caso, la expresión involucra una afirmación política arraigada a la cultura tradicional colombiana. Durante años, muchas de esas madres fueron tratadas como exageradas, equivocadas o mentirosas por parte de gobernantes, mandatarios, militares e incluso, parte de la ciudadanía. Pero los hallazgos de estructuras óseas en La Escombrera por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, confirmaron la veracidad de esas denuncias y abrieron un nuevo capítulo en la lucha por verdad, justicia, reparación y no repetición.

La frase se expandió rápidamente. Tras la vandalización del primer mural original en Medellín, colectivos artísticos, organizaciones sociales, víctimas y ciudadanía replicaron la consigna en distintas ciudades del país. En Manizales, el mural fue realizado en enero de 2025 como ejercicio de protesta pacífica, homenaje, construcción de verdad colectiva y reparación simbólica frente a la desaparición forzada. La obra incluyó la frase “Las cuchas tienen razón” y el retrato de dos madres buscadoras de La Dorada y Villamaría.

 

Sin embargo, este último mural también fue objeto de ataques. El 1 de febrero de 2025 fue cubierto parcialmente con pintura negra por Andrés Felipe Rodríguez Puerta, más conocido como “El Gury”, concejal de Medellín y perteneciente al partido político del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Centro Democrático, quien luego difundió su actuación en redes sociales en un acto de provocación e irrespeto a las víctimas. Para las organizaciones sociales , esa intervención constituyó un acto de censura, revictimización simbólica y deslegitimación de la memoria de quienes buscan a sus familiares desaparecidos, provocando profundos daños en un importante colectivo afectado.

Al resolver el caso mediante la figura convencional y constitucional de la Acción de Tutela, la Corte protegió los derechos de las víctimas a la libertad de expresión, a la libertad de creación artística, a la verdad extrajudicial y a la memoria histórica. La decisión reconoce una profunda dimensión individual y colectiva en el arte de memoria en el espacio urbano o público. Esta manifestación, es una forma de narrar lo que muchas veces las instituciones no quisieron escuchar. Es también una herramienta de reparación simbólica, una práctica de verdad y lenguaje democrático frente a crímenes de Estado, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violencias históricamente negadas.

En ese marco, también se incluyen los hechos conocidos en Colombia como “falsos positivos”, que hacen referencia a las ejecuciones extrajudiciales de población civil, presentados falsamente como bajas en combate por integrantes de la fuerza pública, sobre la cual hay otra victoria jurídica como antecedente judicial con relación a la imagen “Quién dio la ordén” con rostros de comandantes militares presuntamente involucrados en la creación, divulgación y práctica de desapariciones forzada y ejecución extrajudiciales de más de 7.837 jóvenes mayormente campesinos de zonas rurales o de zonas urbanas marginales. La Comisión de la Verdad en Colombia, creada en contexto de los Acuerdos de Paz entre el Estado Colomviano y las extintas FARC-EP, ha explicado que este fenómeno se vinculó con la presentación de jóvenes desaparecidos y posteriormente presentados como guerrilleros muertos en combate, para así cumplir los fuertes estándares militares sobre eficiencia militar en la política pública llamada “seguridad democrática”, una práctica que marcó profundamente la historia reciente de Colombia y la lucha de familiares, madres y organizaciones por la verdad.

La sentencia T-202 de 2026 se inscribe en esa disputa mayor contra el negacionismo, la aquiescencia y contra la idea de que solo existe verdad cuando el Estado decide reconocerla formalmente. Para las víctimas, la memoria también se construye en la calle, en la imagen, en los murales, en el canto, en el pañuelo, en la consigna y en la persistencia colectiva.
Por eso, la Corte fue clara al señalar que las expresiones artísticas asociadas a procesos de memoria no pueden reducirse a una cuestión estética o a un simple ejercicio individual de libertad de expresión. Cumplen una función constitucional más amplia: materializan formas de verdad extrajudicial, reparación simbólica y construcción plural de memoria histórica.
Entre sus órdenes más relevantes, la Corte dispuso que el concejal Andrés Felipe Rodríguez Puerta publique una disculpa pública en sus redes sociales, reconociendo la legitimidad de la frase y del mural como ejercicio de libertad de expresión y memoria de las víctimas. También le ordenó abstenerse de promover o realizar acciones destinadas a borrar, cubrir o sabotear expresiones artísticas de memoria relacionadas con víctimas del conflicto armado y madres buscadoras. Además, ordenó a la Alcaldía de Manizales y a la Policía Metropolitana diseñar e implementar un protocolo básico de reacción inmediata para prevenir nuevas intervenciones, sabotajes o vandalización del mural durante seis meses, y dispuso campañas pedagógicas territoriales sobre la importancia de preservar estas expresiones artísticas.

Esta sentencia importa para Colombia, pero también para todo el continente, ya que en todo lugar donde hubo desaparición forzada, violencia estatal, negacionismo o impunidad, las víctimas debieron construir lenguajes propios para sostener la verdad frente al silencio cómplice o forzado, ya que, cuando el Estado comete graves violaciones a los derechos humanos, la memoria encuentra otras formas de comunicar.

Como, conclusión, el mural “Las cuchas tienen razón” se ha convertido en una afirmación de dignidad en la dimensión social colombiana. Es una respuesta al abandono, y una forma de sostener que la verdad no desaparece porque alguien la cubra con pintura negra.

 

Desde CEJUS celebramos este pronunciamiento porque reafirma una idea fundamental para toda América Latina, en tanto que los derechos humanos que se defienden en los tribunales tienen repercusión directa en los territorios, en los espacios de memoria, en las prácticas comunitarias y en las formas populares de nombrar el dolor.