La negación de la cifra de 30.000 detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina, ha pasado de ser una estrategia discursiva para la captación de votos extremistas a una política pública con efectos destructivos en materia de memorialización y medidas de no repetición de graves violaciones a derechos humanos. Esta acción del Estado argentino escala de distintas maneras, primero el abandono y desfinanciación de los sitios de memoria, luego la consolidación judicial de la impunidad ante crímenes de lesa humanidad y, últimamente, la inédita declaración del Subsecretario de Derechos Humanos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la cantidad de personas desaparecidas, torturadas, apropiadas y asesinadas durante el período más cruento del pasado nacional reciente.
La Argentina, que había sido un ejemplo y guía mundial en el juzgamiento y sanción de los crímenes cometidos por gobiernos de facto, inauguró una nueva época ante órganos internacionales de protección de derechos humanos, marcando una regresión en el compromiso con los más atroces crímenes que un Estado puede cometer contra su propia población.
Ante los intentos de minimización del plan represivo implementado por Argentina durante los años 1976-1983, se explica con evidencia documental, por qué resulta legítimo reivindicar la cifra de 30.000 personas detenidas-desaparecidas durante la última dictadura militar.
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