Por: Linda Theumer

 

El Ministerio de Justicia de la Nación formalizó el abandono de políticas públicas que viene ejecutando desde el inicio de la gestión. A través de la Resolución Nº 292/2025, el gobierno de Javier Milei eliminó TRECE PROGRAMAS fundamentales que atendían situaciones de violencia por motivos de género, promovían la inclusión laboral y social de mujeres y diversidades, y garantizaban el acceso a derechos básicos para sectores históricamente vulnerados.

Bajo el pretexto de la eficiencia fiscal y el combate contra “estructuras ideológicas”, la administración nacional avanza en una política de ajuste que no ahorra crueldad: los programas desmantelados no eran estructuras decorativas, sino herramientas concretas para acompañar a quienes enfrentan las consecuencias más brutales de un sistema desigual.

¿Qué se eliminó?

El Programa de Fortalecimiento para Dispositivos Territoriales de Protección Integral, que brindaba apoyo a hogares, refugios y casas de medio camino para mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia. El Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género, pensado para asistir a familiares o personas cercanas a víctimas de violencias extremas, brindando ayuda inmediata para traslados, contención psicológica, gastos funerarios, alimentos y asistencia económica, entre otros. El Programa MenstruAR, que garantizaba el acceso a insumos de gestión menstrual como una cuestión de justicia social y salud pública. El Programa IgualAR, que impulsaba la igualdad de género en el trabajo, el empleo y la producción.

Lejos de ser gastos innecesarios, estas políticas públicas surgieron como respuesta a una demanda histórica de los feminismos organizados y del propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Uno de los antecedentes más importantes fue el caso de Ivana Rosales, sobreviviente de intento de femicidio en 2002 en Neuquén. Fue brutalmente golpeada y dada por muerta por su entonces pareja. Años más tarde, en 2017, falleció a causa de un ataque epiléptico, consecuencia directa de las secuelas físicas provocadas por las agresiones que sufrió.

El Estado no sólo no la protegió antes del ataque, sino que además la revictimizó durante todo el proceso judicial. Su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le dio curso en 2012 y visibilizó la responsabilidad del Estado argentino frente a la violencia de género. Fue a partir de esa y otras experiencias que se diseñaron políticas públicas con enfoque territorial, interseccional y comunitario, con el objetivo de prevenir, asistir y reparar.

No se trataba de “estructuras de escasa eficacia”, como señala la resolución, sino de mecanismos imprescindibles para acercar el Estado a las víctimas. Negar esto no es sólo ignorancia, sino una decisión política de exclusión.
El ministro Mariano Cúneo Libarona —cuya figura es objeto de controversia por sus declaraciones negacionistas en materia de género y diversidad— actúa como ejecutor de una visión misógina del Estado, que niega la violencia estructural y desmantela los canales institucionales construidos tras años de lucha. Presenta como ahorro lo que, en realidad, es recorte sobre derechos fundamentales.

En la Argentina de Milei, mientras las élites multiplican sus ganancias, las mujeres, las diversidades y los sectores más empobrecidos pierden las pocas redes que ofrecía el Estado. Con esta medida, el gobierno se convierte en administrador de la desidia, gestionando un modelo que no tiene lugar para los derechos ni para la igualdad.
La eliminación de estos programas no es una decisión aislada ni técnica, es parte de una agenda política regresiva que niega la violencia estructural por motivos de género, vacía de contenido las políticas públicas orientadas a la equidad y borra toda institucionalidad en materia de diversidad. A horas de una elección legislativa clave, el mensaje claro es que el ajuste también se hace con nuestras vidas.

Porque cuando el Estado se retira, no queda neutralidad, queda injusticia. Frente a eso, no hay “ideología” que valga: HAY DERECHOS Y VIDAS EN JUEGO.