“Esta colaboración nace del profundo compromiso ético y jurídico que nos impulsa a acompañar en el pedido de justicia y reparación para las víctimas, quienes fueron objeto de medidas arbitrarias y violatorias de sus derechos fundamentales”, expresó el Dr. Gabriel Vergara Sanabria.

 

CEJUS se une a la Asociación de Víctimas del Estado Peruano (ASVIC) para brindar soporte técnico legal especializado, orientado a la defensa y reivindicación de los derechos de los trabajadores cesados durante el régimen de Alberto Fujimori.
En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió este caso, estableciendo por primera vez la justiciabilidad de los derechos laborales en el marco del Pacto de San José de Costa Rica. Este fallo histórico no sólo ratificó la obligación del Estado de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, sino que también estableció un precedente legal crucial para futuras reclamaciones en materia de derechos humanos y laborales.

 

El incumplimiento de garantías esenciales

A pesar del fallo emitido por la Corte IDH, el Estado peruano persiste en el incumplimiento de la sentencia, particularmente en lo que respecta a la reparación integral para los trabajadores cesados injustamente por razones políticas. La Corte IDH ha dejado claro que una reparación integral debe comprender tanto el reconocimiento público del daño causado como la necesidad de compensar los daños materiales e inmateriales resultantes de las violaciones a los derechos humanos reconocidos por la Convención.

Restitución de aportes pensionales: Restablecer los derechos económicos y la seguridad social de las víctimas.

Estas demandas representan no sólo un derecho legal, sino una necesidad moral para restaurar la dignidad de quienes han sido despojados de sus garantías fundamentales.

 

El convenio de colaboración liderado por CEJUS

Encauzado por la Dirección de CEJUS en Lima, este convenio de colaboración tiene como objetivo principal fortalecer la representación legal de las víctimas ante organismos y oficinas internacionales de derechos humanos. La labor de CEJUS se centra en impulsar acciones que exijan el estricto cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, garantizando que las reparaciones acordadas se implementen de manera plena y efectiva.

Este esfuerzo se enmarca en la visión de que el incumplimiento de sentencias de órganos internacionales consiste en una nueva violación a los derechos fundamentales en un enorme de personas), donde la reparación integral no solo compensa el daño sufrido, sino que también sienta las bases para prevenir futuras transgresiones y fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Se trata de un esfuerzo coordinado para establecer mecanismos de defensa y asesoría jurídica que permitan a las víctimas peticionar en foros internacionales y promover el cumplimiento efectivo de las sentencias de los órganos internacionales de protección de derechos humanos.